Pericia Digital y Contencioso Civil y Criminal

Los retos derivados del actual estado del desarrollo social y tecnológico no sólo demandan actuaciones consultivas, sino también contenciosas.

La actuación en el área del contencioso digital es cada vez más común teniendo en cuenta que todas las etapas de los actos ilícitos practicados con la tecnología dejan rastros, posibilitando la identificación de autoría en la gran mayoría de los casos. En diversas oportunidades la actuación será administrativa, mediante la utilización de notificaciones a los responsables ya previamente identificados. En otros casos, será necesario promover acciones civiles y/o criminales para la obtención de datos de registro o números de IP.

Tanto para un caso como para el otro es imprescindible que la actuación sea absolutamente precisa y técnica de modo que se optimice al máximo el tiempo, impedir que los actos ilícitos se propaguen y, por encima de todo, obtener éxito para los clientes, con el cumplimiento de:

  •  Demandas civiles (acciones de identificación de autoría, indemnizatorias, medidas de búsqueda y captura, entre otras);
  • Demandas criminales (providencias investigativas para auxilio de las autoridades policiales, asistencia a la acusación, seguimiento de investigaciones policiales y acciones penales, medidas cautelares de búsqueda y captura, defensas en casos que involucren crímenes digitales, competencia desleal, ramsonware, ataques con utilización de virus/malwares, de denegación de servicio, extorsiones, violaciones de propiedad intelectual, etc.);
  • Seguimiento de pericias técnicas que involucren aparatos tecnológicos;
  • Dictámenes de viabilidad y presentación de las estrategias legales para demandas legales;
  • Remoción de contenidos y sitios indebidos (Brasil y exterior);
  • Investigación de autoría y determinación de responsabilidad (e-mail anónimo, invasión de infraestructura, posts ofensivos);
  • Apoyo legal para cumplimiento de la legislación relacionada, dando seguimiento a marcos regulatorios, consultas públicas y relaciones institucionales con autoridades gubernamentales.